ECUADOR

El anuncio de una eliminación del subsidio al gas preocupa a Olga Torres, empleada de un consultorio jurídico. Será un egreso adicional de 3,80 dólares por el cilindro de 15 kilos que compra al mes.

Ella no recibe el Bono de Desarrollo Humano y lo que ahorra al no pagar el precio real le sirve para financiar los pasajes de la semana de trabajo.

Si la bombona de gas sube de 1,60 (precio actual) a 5,40 dólares (valor real estimado) Torres tendrá que ajustar sus gastos incluido el de transporte. Ella calcula que gasta 16 dólares cada mes para movilizarse.

Esto llevará, de acuerdo con el segundo estudio del Sistema Integrado de Indicadores Sociales (Siise), a que los cabezas de hogar, sobre todo, de ingresos medios intensifiquen las jornadas laborales. Este será uno de los efectos de la reducción del subsidio al gas.

Olga y su marido, Alfredo, tienen ingresos fijos y se consideran ciudadanos de ´clase media´. Están en los deciles 5 y 8 (cada decil equivale al 10 por ciento de hogares) de la distribución poblacional donde el beneficio del subsidio al gas es superior al del Bono de Desarrollo (ver cuadro), según la calificación del Siise.

El ser parte en mayor o menor grado de la subvención estatal está directamente relacionado con el consumo más aún si se carece de un instrumento discriminatorio que identifique al verdadero beneficiario. Este puede ser: precios diferenciados por tramos de consumo, por niveles socioeconómicos, o la fijación de techos de consumo para la percepción del subsidio, se explica en el estudio de José Cuesta, Mauricio León y Juan Ponce, de la Secretaría Técnica del Frente Social.

En la actualidad, el 10 por ciento de los hogares más ricos consume el 17 por ciento de las ventajas de pagar menos por el gas. Ello se refleja en el nivel de consumo: uso de calefones, secadoras de ropa, funcionamiento de hornos o calentamiento de piscinas.

Mientras que el 10 por ciento más pobre recibe solo el tres por ciento de ese beneficio. Su uso es exclusivo en la cocina.

Los deciles intermedios reciben entre el nueve y 13 por ciento. "El resultado es un subsidio claramente regresivo y no pro-pobre", dice Ponce.

La eliminación total o parcial del subsidio en los hogares no pobres (de ingresos medios) conllevará deficiencia en su calidad de vida en tres puntos porcentuales. Y para los hogares más pobres un severo ajuste de su gasto.

De aplicarse esta medida, sin acciones compensatorias, la pobreza se incrementará en dos por ciento. Es decir, pasará de 56 al 58 por ciento, según cálculos basados en la Encuesta Condiciones de Vida de 1999 (base del estudio del Siise), explica Ponce.

En cambio que eliminar la subvención y revisar el monto del Bono de Desarrollo llevaría a reducirla en el 1 por ciento y si se focaliza mejor a los beneficiarios del bono, la pobreza pudiera bajar en 1,4, según las simulaciones del Siise.

Pese a esto, la combinación de las dos políticas no garantiza un verdadero efecto distributivo de ingresos y una reducción de la pobreza sino van acompañada de medidas de largo plazo en el sector social.

El primer cambio es la focalización del bono. Este subsidio a madres con hijos menores a 18 años, ancianos y discapacitados, adolece de severos problemas. En 1999 se determinó que los beneficiarios serán los que tengan ingresos inferiores a 40 dólares y no percibir salario fijo. "Son criterios que resultan solamente eficientes en discriminar los hogares más ricos de los más vulnerables pero no discrimina aquellos de ingresos intermedios de los realmente más pobres".

Aumentar el bono con recursos del subsidio (170 millones de dólares al año) lleva a una reducción de la pobreza en 0,4 puntos porcentuales si se consideran solo los efectos directos relacionados con los ingresos. Por ahora, Torres y su marido solo esperan el anuncio final del Gobierno. "Parece que ahora sí es de verdad".

  Imprimir