PERÚ

Desde el 01 de enero hasta el 30 de junio del presente año, se efectuó la distribución de un total de siete millones 801 mil 845 dólares por concepto del pago por derecho de vigencia y penalidad a los departamentos, provincias y distritos donde se realiza actividad minera, y también a las localidades en extrema pobreza. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) que dirige el ingeniero Juan Carlos Barcellos al poner en conocimiento de la ciudadanía la información completa y pormenorizada de dicha distribución.

Éste es uno de los beneficios directos que los pueblos y departamentos donde están ubicados los yacimientos, reciben de la industria minera. Son ingresos para ser empleados por las autoridades locales en la realización de obras de desarrollo que lleven al mejoramiento del nivel de vida de los pobladores.

La distribución se hizo conforme a ley. Así, Arequipa ha recibido un millón 15 mil 314 dólares, La Libertad 916,315 , Apurímac 665,238, Cajamarca 543, 810, Ayacucho 487,042, Tacna 476,262, Moquegua 475,002, Puno 460,050, Ancash 384,090, Pasco 360,453, Junín 358,300, Cusco 347,785, Huancavelica 284,662, Lima 286,528, Ica 204,542, Piura 192,708., Amazonas 120,159, Lambayeque 68,936, San Martín 59,192, Huánuco 54,874, Ucayali 4,200, Tumbes 1,275

En el año 2001, los departamentos recibieron por este concepto durante los 12 meses, 17 millones 492 mil 523 dólares, y en el año 2002, 13 millones 949 mil 723.

Del monto recibido hasta junio por los 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao, se ha distribuido dos millones 100 mil 869 dólares a las provincias, dos millones 105 mil 159 a los distritos y tres millones 728 mil 231 dólares a las localidades en extrema pobreza.

El derecho de vigencia es el pago que corresponde abonar a los titulares mineros para formular o mantener la vigencia de sus derechos mineros, según las normas legales vigentes.

La distribución del derecho de vigencia es el proceso por el cual se distribuye, valga la redundancia, el fondo recaudado por dicho concepto y la penalidad respectiva a los gobiernos locales e instituciones del Sector Energía y Minas, según los dispositivos legales vigentes.

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