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Javier Diez Canseco (*).
El precio del cobre está quebrando récords históricos, alcanzando nada menos que US$ 1.74 dólares por libra. Esta continua alza significa fabulosas ganancias para las empresas mineras, incluida Cerro Verde en Arequipa, cuyos resultados financieros indican que a julio del 2005 había elevado en 123% sus ganancias respecto al mismo periodo del año 2004. Ante esta enorme bonanza minera, la lógica pregunta que debemos hacernos es: ¿De esa riqueza, cuánto queda para el país? ¿Cuánto es lo que Arequipa y el Perú obtienen efectivamente de Cerro Verde y otros grandes proyectos mineros? ¿Cuáles son los reales costos y beneficios?
Nuestra Constitución Política establece que: “Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Más claro, ni el agua. Los minerales pertenecen a todos los peruanos. Por ello, su explotación por empresas privadas –como en Cerro Verde– sólo es legítima si la Región y el país se benefician, oportuna y equitativamente, de dicha explotación.
Nuestra Constitución Política establece que: “Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”. Más claro, ni el agua. Los minerales pertenecen a todos los peruanos. Por ello, su explotación por empresas privadas –como en Cerro Verde– sólo es legítima si la Región y el país se benefician, oportuna y equitativamente, de dicha explotación.
El manejo de Cerro Verde y su ampliación (Cerro Verde II) ha estado signado por aspectos poco transparentes, donde las condiciones acordadas no aseguran que Arequipa reciba una compensación justa por la explotación de sus recursos naturales. Hay muchas preguntas que exigen respuesta del Ministerio de Energía y Minas, de las autoridades regionales y de la misma empresa.
¿Por qué si Cerro Verde II fue aprobado recién a finales del 2004, se le ha concedido el cuestionable beneficio de Reinversión de Utilidades, pese a que la Ley que lo permitía se derogó el año 2000? ¿Es acaso correcto que se autorice a la empresa usar hasta US$ 800 millones de dólares como escudo para descontar su pago del Impuesto a la Renta? ¿Se ha hecho público que debido a esto, Arequipa dejaría de percibir docenas de millones de dólares por Canon Minero?
¿Por qué Cerro Verde no paga Regalías Mineras? ¿Acaso se pretende exonerar a Cerro Verde y a otras grandes empresas mineras del pago de Regalías alegando que gozan de estabilidad tributaria, aunque el Tribunal Constitucional ha señalado claramente que las Regalías NO son un impuesto y no son afectadas por los convenios de estabilidad? ¿Se ha informado cuánto dejará de percibir el país y la Región Arequipa si no se cobran Regalías a las grandes mineras?
¿Qué sucede con los cuestionamientos ambientales a Cerro Verde II? ¿Han sido efectivamente levantadas las 65 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental? ¿Qué garantías existen para la salud y la protección de la población de los distritos de Uchumayo y Yarabamba, ubicados en el área de influencia de la presa de relaves a construirse, que almacenará cientos de millones de toneladas de residuos tóxicos? ¿Se ha presentado públicamente el estudio definitivo del Proyecto? ¿Se permitirá que expertos independientes evalúen los expedientes técnicos y ambientales y el plan de cierre del Relave?
Todas estas interrogantes exigen pronta respuesta. La minería es una oportunidad para el desarrollo y el progreso regional. Pero para que ello se produzca, es necesario que las empresas mineras actúen con transparencia y responsabilidad, respetando los derechos e intereses de la población. Sobre Cerro Verde II hay demasiados puntos oscuros, demasiadas preguntas que deben responderse. Arequipa y el Perú están esperando.
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