"CIUDADANÍA BIEN INFORMADA"

*Propone crear Defensoría del sector para mediar en conflictos sociales. *Revela que tras convulsión social hay un problema ambiental

CECILIA NIEZEN

A pesar de su enorme importancia económica (el 2003 aportó el 57% de las exportaciones peruanas y representó el 6,6% del PBI), la minería ve frenada sus expectativas de desarrollo en el país debido, principalmente, a los conflictos sociales generados por el "daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de los ingresos que deja, por el otro". Esa parece ser la principal conclusión del estudio del Banco Mundial, "Riqueza y sostenibilidad: dimensión ambiental y social de la minería en el Perú", encargado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y presentado preliminarmente en el mes de abril, pero que en su versión final se mantiene firme en sus observaciones y recomendaciones. 

De acuerdo con el documento, cuando menos 15 zonas mineras del Perú se encuentran afectadas por conflictos sociales, situación atizada por una generalizada falta de confianza entre las partes, la falta de un papel más proactivo por parte del MEM y las expectativas desproporcionadas entre las poblaciones aledañas a las operaciones mineras, creadas a menudo por las propias empresas. Un ejemplo: las sobreexpectativas laborales generadas en torno al proyecto minero Las Bambas en Apurímac, actualmente en fase de exploración, han generado tal frustración entre la población, que la presión social ya se empieza a sentir. Pero tras la problemática social se encontraría una aguda crisis ambiental, analizada en extenso en el informe. 

PASIVOS MATAN

A pesar de los avances en materia ambiental, el informe señala que el impacto acumulativo de las operaciones mineras (denominado pasivos ambientales o PAM) constituye un serio perjuicio para la salud humana y es una importante fuente de malestar social permanente. A la fecha se han identificado 610 PAM en todo el país (sin incluir los de origen estatal), y su costo de remediación está calculado entre los US$200 y US$250 millones. 

Este extenso daño medioambiental sería la causa, de acuerdo con el informe, de la creciente conciencia de la población sobre "los efectos adversos de las operaciones mineras y de las fundiciones, exacerbándose la oposición de las comunidades a las operaciones existentes y a las proyectadas". 

A pesar de ello, el estudio resalta los esfuerzos del Estado peruano por enfrentar los PAM y destacó el Proyecto de Eliminación de Pasivos Ambientales (EPA), desarrollado del 2001 al 2003 y que inventarió en forma preliminar los pasivos existentes en el país (que dio con los 610 PAM señalados antes); y el dictado de las leyes de Cierre de Minas (Ley 28090) y de Pasivos Ambientales de las Actividades Mineras (Ley 28271). Estos esfuerzos, sin embargo, estarían siendo socavados por algunos vacíos de gravedad existentes en dichas normas, que incluso contradicen el marco legislativo ambiental vigente; y por el mal precedente que sienta el propio Estado, que no es siquiera capaz de hacer un inventario de sus propios pasivos (Centromín o Hierro-Perú), y mucho menos, de remediarlos.

LO AMBIENTAL NO ES PRIORIDAD

El informe también destaca los avances en materia de gestión ambiental, como el compromiso del MEM por una minería sostenible, pero es enfático en señalar que los problemas persisten, en parte, porque el tema ambiental "aún no es prioritario en la agenda del gobierno". Pero uno de los orígenes de la problemática provendría desde el proceso de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), pues las guías para llevarlos a cabo son genéricas, "dejándose el criterio de la elaboración a discreción del proponente y la empresa consultora". 

Así, tanto los criterios como los procesos de elaboración, recomienda el informe, deberían ser elevados a estándares internacionales. Otras falencias por corregir son el fracaso de las audiencias públicas en el logro de sus objetivos (audiencias previas a la aprobación de los EIA), y la falta de un cabal análisis social y regional en los mismos. En ese sentido, se recomienda, incluso, que los bancos apliquen criterios ambientales y sociales antes de financiar una operación minera.

UN DEFENSOR MINERO

En una de sus propuestas más interesantes para prevenir posibles focos de convulsión social, el informe recomienda al gobierno considerar la posibilidad de crear un defensor del sector, quien podría mediar en los conflictos cuando las partes así lo acuerden. En esa misma línea, el viceministro de Minas, Rómulo Mucho, calificó de interesante una reciente propuesta de la Defensoría del Pueblo para la creación de una autoridad ambiental independiente para mediar en temas mineros. 

Otras temas de importancia son: que el proceso de consulta inicial entre las partes interesadas se inicie incluso antes de la fase exploratoria; capacitar a las poblaciones locales de manera que puedan contribuir y beneficiarse cabalmente de las oportunidades económicas que traen las operaciones mineras; y la puesta en marcha de casos piloto para introducir cambios en el otorgamiento de licencias.

¿SOCIALMENTE SOSTENIBLE?

Si el informe del Banco Mundial está en lo cierto, son muchas las partes de la maquinaria de la minería peruana que hace falta arreglar antes que podamos afirmar que se trata de un sector ambiental y socialmente sostenible. El MEM tiene la palabra, aunque según José Luis López, asesor y consultor en temas mineros, "el ministerio no ha mostrado la suficiente celeridad y seriedad para tomar en cuenta estas recomendaciones", hechas antes de la crisis de Majaz. 

 Imprimir