PERÚ


"Estamos en desacuerdo". Así de enfático se mostró el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), José Miguel Morales, con la Ley 28271 promulgada por el Congreso y que obliga al Estado a asumir los pasivos ambientales dejados por las mineras que abandonen sus concesiones. "No pueden dejarse alegremente las operaciones para que el sector público asuma el pasivo ambiental generado", criticó.

Actualmente, cada mina cuenta con un plan de cierre, el cual debe ser cumplido por los concesionarios cada vez que decidan finalizar sus operaciones", agregó. 

Alertó que esta norma podría generar una mala imagen para las grandes mineras que invierten en controlar los pasivos generados por sus operaciones. 

Morales consideró que en el cálculo de los US$200 millones, que sería el costo que el Estado asumiría por los pasivos existentes, sería bastante cercano a la realidad, aunque precisó que en ocasiones cuando se trata de remediar problemas ambientales se puede generar algún otro desorden. 

Asimismo, adelantó que el gremio está evaluando junto al Ministerio de Energía y Minas (Minem) algunas fórmulas para resolver los problemas de contaminación generados por los pasivos ambientales. Se trataría de una solución conjunta entre el sector público y el privado, dado que el Estado no cuenta con recursos para esta labor, manifestó. 

El Instituto Peruano de Economía (IPE) sostuvo que la ley en mención solo serviría para generar más gasto, lo cual ya es inconstitucional. "Se trata del precedente que se sienta para el resto de sectores económicos por la flexibilidad del Congreso para seguir cargándoles los muertos a todos los peruanos". 

Cabe recordar que el Minem evaluaría la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, aunque ello tardaría mucho tiempo para mitigar los efectos de la ley.